Prioridades Que Ponen a las Personas Primero

• Proteger el agua del río Colorado que le corresponde a Arizona. Apoyaré negociaciones firmes sobre el futuro del río Colorado, la conservación responsable y políticas que protejan la parte justa que le corresponde a Arizona de este suministro de agua fundamental.
• Ampliar la conservación del agua. Apoyaré programas prácticos de conservación para ciudades, empresas, la agricultura y los residentes que reduzcan el uso innecesario de agua sin perjudicar la economía ni la calidad de vida en Arizona.
• Proteger y reponer el agua subterránea. Apoyaré una gestión más estricta del agua subterránea, mayor recarga de acuíferos y políticas que garanticen que no extraemos agua subterránea más rápido de lo que puede reponerse.
• Dar a las comunidades locales la capacidad de proteger su agua subterránea. Propongo una opción estatal de tope al bombeo que permita a un condado o municipio imponer un límite anual de extracción de agua subterránea a un centro de datos como condición de un acuerdo de desarrollo o de un permiso.
• Exigir que los nuevos centros de datos compensen su uso de agua subterránea. Los nuevos centros de datos no deberían usar agua subterránea potable para enfriamiento a menos que el operador demuestre ante el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona que ha asegurado un suministro de agua renovable suficiente para compensar sus extracciones galón por galón durante toda la vida útil de la instalación. Ese suministro debe estar genuinamente disponible y no comprometido ya con otro cliente u otro propósito.
• Exigir que todo nuevo desarrollo demuestre que cuenta con un suministro de agua sostenible. Arizona no debe seguir aprobando crecimiento sin asegurar que haya agua adecuada y confiable para las personas que vivirán y trabajarán allí.
• Ampliar el reciclaje y la reutilización del agua. Debemos aprovechar más el tratamiento avanzado de agua y el reciclaje de aguas residuales, incluida la reutilización potable cuando se demuestre que es segura, confiable y rentable.
• Captar y recargar el agua de lluvia. En lugar de permitir que el agua de lluvia y las escorrentías se pierdan o se evaporen, Arizona debe ampliar los proyectos que capten esa agua y la usen para reponer nuestros acuíferos.
• Invertir en eficiencia del agua en la agricultura. Los agricultores y ganaderos de Arizona son esenciales para nuestra economía y nuestro suministro de alimentos. Apoyaré inversiones que ayuden a la agricultura a conservar agua, mejorar la eficiencia del riego y mantener tierras de cultivo productivas.
• Desarrollar nuevos suministros de agua de manera responsable. Arizona debe seguir evaluando proyectos como la desalinización, el tratamiento de agua subterránea salobre, la recuperación de agua subterránea y otros proyectos de aumento de suministro. Estos proyectos deben evaluarse con base en ciencia sólida, impactos ambientales, confiabilidad a largo plazo y costo para los contribuyentes y usuarios de agua de Arizona.
• Invertir en infraestructura hídrica rural. Las comunidades rurales no deben quedarse atrás. Apoyaré fondos para pozos, tuberías, almacenamiento, tratamiento, conservación, recarga y otra infraestructura que ayude al Arizona rural a asegurar suministros de agua confiables.
• Apoyar los derechos de agua de las naciones tribales y sus acuerdos. Arizona debe seguir trabajando con las naciones tribales para resolver de manera justa las reclamaciones de derechos de agua y apoyar la infraestructura necesaria para que esos acuerdos funcionen.
• Fortalecer la infraestructura hídrica. Debemos seguir invirtiendo en los sistemas envejecidos de agua y aguas residuales, en las plantas de tratamiento, el almacenamiento, los proyectos de conservación y otra infraestructura que haga que cada gota rinda más.
• Proteger la confiabilidad de nuestra red eléctrica. Antes de que una empresa de servicios públicos conecte la carga de un nuevo centro de datos, propongo exigir un Certificado de Capacidad de la Red por parte de la Comisión Corporativa de Arizona que confirme que la conexión puede atenderse sin degradar la confiabilidad del servicio para los clientes residenciales y las pequeñas empresas que ya existen en esa zona de servicio. La determinación debe basarse en un estudio de impacto de carga agrupada que evalúe el efecto acumulado de las grandes cargas nuevas.
• Que los grandes consumidores nuevos de energía paguen lo que les corresponde. Apoyo un enfoque en el que quien genera el costo lo paga: los costos incrementales de infraestructura creados específicamente por un cliente grande, como un centro de datos, deben recuperarse de ese cliente y no repartirse entre todos los usuarios.
• Exigir compromisos de largo plazo a las grandes cargas nuevas. Los centros de datos que reciban inversiones importantes en infraestructura de servicios públicos deberían estar sujetos a una factura mínima independientemente de su consumo real y a un contrato de al menos diez años. Las penalizaciones por terminación anticipada deberían ser suficientes para cubrir la parte restante que le corresponde al cliente de las inversiones en infraestructura hechas específicamente para atenderlo.
• Exigir que los clientes financien la infraestructura dedicada. Cuando se construyan líneas de transmisión, subestaciones, capacidad de generación u otra infraestructura específicamente para atender la nueva carga de un cliente grande, ese cliente debe responsabilizarse de los costos incrementales correspondientes en lugar de trasladarlos a los usuarios comunes.
• Proteger a los clientes residenciales y a las pequeñas empresas durante emergencias. Los grandes clientes industriales y los centros de datos deberían estar obligados a participar en programas de respuesta a la demanda o de reducción de consumo que permitan a las empresas de servicios públicos recortar su carga durante emergencias del sistema, antes de pedir a los hogares o a las pequeñas empresas que soporten recortes de servicio.
• Hacer que la planificación del agua y de la energía trabajen juntas. Los sistemas hídrico y eléctrico de Arizona están interconectados. Los grandes desarrollos que consumen cantidades significativas de agua y de electricidad deben evaluarse por su impacto acumulado en los recursos y la infraestructura locales antes de ser aprobados.
• Usar la ciencia y los datos para guiar la política del agua. Las decisiones de Arizona sobre el agua deben basarse en la mejor hidrología, ciencia climática, datos de agua subterránea y proyecciones de largo plazo disponibles, y no en intereses políticos de corto plazo.
• Planificar para un futuro más caluroso y más seco. La política del agua debe tomar en cuenta la sequía, la disminución de los niveles de los embalses, el agotamiento del agua subterránea, el crecimiento de la población y las condiciones cambiantes que Arizona ya está viviendo.

• Aumentar los salarios de los maestros. Propongo aumentar los salarios de los maestros para que Arizona pueda reclutar y conservar a los educadores calificados y con experiencia que nuestros hijos merecen.
• Llenar cada salón de clases con un maestro calificado. Propongo ofrecer incentivos para cubrir los más de 4,200 puestos de enseñanza que actualmente están ocupados por sustitutos a largo plazo y personal temporal, así como los 1,400 puestos que permanecen completamente vacantes.
• Aumentar el gasto por alumno. Arizona ocupa el puesto 49 entre los 50 estados en gasto por estudiante. Propongo aumentar el gasto por alumno de Arizona al nivel de Nueva York durante los próximos cinco años.
• Devolver los ESA a su propósito original. Propongo limitar las Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA) exclusivamente a los estudiantes de Arizona con discapacidades que califiquen para educación especial o servicios relacionados, eliminando la elegibilidad universal para el ESA.
• Dar a cada estudiante acceso a un consejero escolar. Propongo exigir que cada distrito escolar trabaje para alcanzar una proporción de 250 estudiantes por consejero, el estándar recomendado por la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (American School Counselor Association) desde 1965, durante los próximos cinco años.
• Propongo derogar o revisar sustancialmente las restricciones sobre los materiales escolares promulgadas mediante los Proyectos de Ley 2439 y 2495 de la Cámara (HB 2439 y HB 2495), incluidas las disposiciones actualmente codificadas en la A.R.S. § 15-120.03, así como codificar protecciones contra la prohibición de libros en los distritos escolares y las bibliotecas públicas.
• Ofrecer educación en salud médicamente precisa y apropiada para la edad. Propongo exigir instrucción médicamente precisa y apropiada para la edad, desde el kínder hasta el 12.º grado, sobre anatomía, reproducción, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, consentimiento, abuso, y cómo y a quién denunciarlo. También propongo derogar el Código Administrativo de Arizona R7-2-303 y modificar las A.R.S. §§ 15-102, 15-711 y 15-716 para reemplazar el requisito estatal de consentimiento previo (opt in) por una opción de exclusión voluntaria (opt out) y eliminar la prohibición de impartir esta instrucción antes del quinto grado.
• Propongo que cada estudiante de escuelas públicas reciba un desayuno y un almuerzo gratuitos y nutritivos, preparados principalmente con ingredientes de origen local de Arizona, fortaleciendo al mismo tiempo las restricciones que Arizona ya tiene sobre los alimentos ultraprocesados en las escuelas.

• Propongo un requisito de «cualquier proveedor dispuesto», por el cual una aseguradora (compañía de seguros) deba aceptar a cualquier proveedor con licencia estatal que acepte sus términos estándar de participación, siguiendo el modelo de la ley de Kentucky ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos en Kentucky Association of Health Plans contra Miller (2003), incluyendo la obligación de que las aseguradoras publiquen y actualicen de forma simultánea las tarifas de reembolso a proveedores.
• Propongo reformar los plazos de pago de reclamaciones y su recuperación: que el plazo de pago de reclamaciones limpias establecido en el ARS 20-3102 se reduzca de 30 a 10 días, con penalizaciones de intereses por pago tardío; que la recuperación por parte de la aseguradora de reclamaciones ya pagadas se reduzca de un año a 30 días, salvo en casos de fraude; y que se exija a las aseguradoras una justificación por escrito y la oportunidad de apelar antes de recuperar un pago.
• Propongo crear una Junta de Asequibilidad de Medicamentos Recetados con autoridad para revisar los precios de los medicamentos y fijar límites máximos de pago para los planes regulados por el estado y para AHCCCS, siguiendo el modelo de los programas ya vigentes en Colorado, Maryland, Oregón y Maine.
• Propongo ampliar el acceso de los menores a la atención, codificando la capacidad de un menor, a partir de los 12 años, de consentir servicios anticonceptivos y tratamiento ambulatorio de salud mental sin consentimiento de los padres.
• Propongo exigir que las aseguradoras cubran en todos sus planes los tratamientos de fertilidad, los medicamentos, los insumos médicos, los servicios de preservación de la fertilidad y el almacenamiento de óvulos, espermatozoides y embriones.
• Propongo exigir que las aseguradoras cubran en todos sus planes los servicios auditivos, de la vista y dentales.
• Propongo exigir que las aseguradoras cumplan estándares definidos de tiempo de respuesta telefónica y de disponibilidad de agentes en vivo, exigibles por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras de Arizona mediante exámenes de conducta de mercado e informes públicos y a proveedores.
• Propongo exigir que las aseguradoras ofrezcan paridad de cobertura para los servicios médicos o de salud mental por teléfono, y cerrar las lagunas de la telesalud prohibiendo que las aseguradoras exijan a los proveedores brindar atención en persona como condición para participar en la red, que reduzcan la tarifa de reembolso de un proveedor que no ofrezca servicios en persona, y que paguen a los proveedores una tarifa más alta, un bono o cualquier compensación adicional por la atención en persona.
• Propongo mayor protección de la privacidad, codificando que las aseguradoras no puedan exigir las notas completas de evolución o de psicoterapia como condición para pagar una reclamación ni por ningún otro motivo. Las solicitudes de las aseguradoras se limitan a la información de salud personal mínima necesaria para resolver la reclamación.
• Propongo prohibir por completo la autorización previa para el tratamiento hospitalario y ambulatorio de salud mental y de trastornos por consumo de sustancias, siguiendo directamente el modelo de la Healthcare Protection Act de Illinois y su ampliación de 2025. Para todos los demás servicios, propongo una «exención de tarjeta de oro» para cualquier proveedor con una tasa de aprobación de autorizaciones previas del 90 % o más durante seis meses, que lo exima de la autorización previa para ese servicio en adelante. Este estándar de seis meses que propongo se basa en el modelo de tarjeta de oro de Texas.
• Propongo transparencia de precios de hospitales y aseguradoras, exigiendo la puesta en marcha de una herramienta estatal de comparación de precios hospitalarios (como el Hospital Price Finder de Nevada).
• Propongo topes al crecimiento de los precios hospitalarios. Las investigaciones sobre los estándares más amplios de asequibilidad de la atención médica de Rhode Island encontraron que el programa se asoció con una reducción del 2.7 % en el crecimiento del gasto total en salud.
• Propongo ampliar y fortalecer la autoridad de los farmacéuticos de Arizona para realizar pruebas y tratar (test-and-treat), lo que incluye permitirles solicitar e interpretar pruebas exentas conforme a las Enmiendas para el Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos (CLIA, un programa federal que garantiza que los resultados de las pruebas de los pacientes sean precisos, confiables y oportunos), como las pruebas rápidas de faringitis estreptocócica e influenza, las pruebas de embarazo y los medidores de glucosa en sangre, así como iniciar tratamiento para otras condiciones específicas.

• Propongo que los fondos depositados en el Heritage Fund conforme a la ley vigente se usen exclusivamente para la conservación de tierras, las mejoras de capital y el mantenimiento de los parques estatales, la protección del hábitat de la fauna silvestre, y el desarrollo y mantenimiento de senderos públicos. No podrán transferirse, retirarse ni redirigirse al fondo general ni a ningún otro fin mediante un acto legislativo posterior, salvo con la misma votación de tres cuartas partes y el mismo requisito de promover el propósito original que se aplica a las iniciativas ciudadanas protegidas por la Constitución.
• Propongo ampliar el uso que hace el Departamento de Tierras del Estado de los arrendamientos de conservación conforme a la ley vigente, dando prioridad a las parcelas que el Departamento de Caza y Pesca identifique como hábitat de alto valor o que el Departamento de Parques Estatales identifique como conexión de sistemas de senderos existentes. Dado que los arrendamientos se venden a valor justo de mercado, nuestras escuelas y los demás beneficiarios del fideicomiso siguen recibiendo la totalidad de los ingresos, y yo financiaría los arrendamientos con fondos dedicados a la conservación.
• Propongo que el Departamento de Transporte de Arizona, en consulta con el Departamento de Caza y Pesca de Arizona, identifique los corredores prioritarios de movimiento de fauna silvestre que cruzan carreteras estatales, utilizando los datos de conectividad de hábitat que ya existen. Todo proyecto de construcción de una nueva carretera o de reconstrucción mayor que cruce un corredor prioritario deberá incluir una estructura de cruce para fauna, como un paso superior, un paso inferior o un sistema de cercado que dirija a los animales hacia un punto de cruce seguro.
• Propongo que la Legislatura asigne fondos a un Fondo de Conectividad de Senderos, administrado conjuntamente por Parques Estatales de Arizona y el Departamento de Tierras del Estado, para adquirir servidumbres o arrendamientos de conservación que conecten los tramos fragmentados del sistema estatal de senderos de Arizona, incluido el Arizona Trail.
• Propongo que el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona adopte normas de emisiones para los vehículos nuevos que se registren, al menos tan estrictas como las normas más recientes de la Junta de Recursos del Aire de California.
• Propongo que la Legislatura asigne fondos a un Programa de Subvenciones para la Mitigación del Polvo, administrado por el ADEQ, para ayudar a los condados y municipios en zonas que no cumplen los estándares de calidad del aire a pavimentar caminos de tierra, estabilizar el suelo alterado en obras de construcción y demolición, y monitorear los puntos críticos de partículas.

• Propongo que el Departamento de Correccionales, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR) aloje a las personas menores de 25 años separadas de las mayores de esa edad, salvo por razones de seguridad documentadas; que el ADCRR clasifique a las personas según la gravedad del delito y los antecedentes penales; que aloje a quienes cometieron delitos de menor nivel separadas de quienes tienen una clasificación actual o previa por delitos de alta gravedad; y que cada unidad de vivienda cuente con duchas privadas y arreglos para dormir diseñados para proteger la seguridad individual.
• Propongo que el ADCRR y cada sistema de cárceles del condado empleen, como mínimo, un consejero profesional de salud mental con licencia por cada 40 personas encarceladas, y que la carga de casos de cada consejero no exceda las 40 personas. Cada consejero debe contar con licencia plena como consejero profesional, trabajador social clínico o una credencial equivalente reconocida por la Junta de Examinadores de Salud Conductual de Arizona (AZBBHE), y debe tener competencia en tratamiento de adicciones y de trauma como condición de empleo. Toda persona encarcelada deberá recibir al menos una sesión de terapia individual por semana, de 45 a 60 minutos, con un clínico con licencia asignado, que atienda sus necesidades específicas de tratamiento.
• Propongo que el ADCRR establezca un programa voluntario de justicia restaurativa que permita a una persona encarcelada participar en un proceso estructurado de reparación con una víctima dispuesta o con una persona que la represente, facilitado por un profesional capacitado en justicia restaurativa.
• Propongo que cada instalación ofrezca programación obligatoria de al menos una hora por semana dedicada a la reconciliación racial y al abandono de la afiliación a pandillas.
• Propongo que toda persona encarcelada participe en al menos dos horas semanales de consejería grupal que aborde, como mínimo: regulación emocional, tolerancia al malestar, efectividad interpersonal y atención plena, con base en los marcos establecidos de la Terapia Dialéctica Conductual (DBT) y la Terapia Cognitivo-Conductual (CBT). El plan de estudios grupal deberá cubrir además al menos dos horas semanales de educación financiera, presupuesto, servicios bancarios, crédito y obligaciones fiscales, preparación para el mercado laboral, elaboración de curriculum y habilidades para entrevistas.
• Propongo que toda persona encarcelada que no haya obtenido una credencial de equivalencia de bachillerato sea inscrita en un programa de preparación para el GED, y que haya instrucción de alfabetización disponible para cualquier persona que no pueda leer ni escribir a un nivel funcional.
• Propongo fortalecer y ampliar la Oficina Independiente de Supervisión Correccional, lo que incluye otorgarle autoridad para realizar inspecciones periódicas y sin aviso en cada instalación correccional estatal y del condado en busca de contrabando, incluidas drogas y parafernalia, así como para verificar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables.
• Propongo exigir que el Departamento de Correccionales de Arizona tenga en cada instalación un consejero profesional con licencia de 9 a.m. a 5 p.m., dedicado exclusivamente a los oficiales correccionales y al personal de las cárceles y separado de cualquier consejero que atienda a las personas encarceladas, disponible para que el personal agende consultas individuales. Esto responde a que los oficiales correccionales presentan trastorno de estrés postraumático en tasas de entre 19 y 34 por ciento, frente a aproximadamente 6.8 por ciento en la población general, y enfrentan una tasa de suicidio estimada en siete veces la de la población general. Este consejero exclusivo para el personal también ofrecería sesiones de análisis tras incidentes críticos y apoyo para afrontar hechos violentos o traumáticos en el trabajo, y presentaría de forma regular estrategias de afrontamiento e información de salud mental en las reuniones de personal para todos los empleados, en consonancia con la capacitación y educación del personal con enfoque en el trauma que ya exigen los estándares 2026 de la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional.

• Propongo restringir los feeds personalizados de redes sociales y las notificaciones nocturnas para menores, siguiendo el modelo de la SAFE for Kids Act de Nueva York, y que Arizona replique la Child Data Protection Act de ese estado, que restringe la recolección y venta de datos y la publicidad dirigida a menores.
• Propongo que toda persona en Arizona, y no solo los niños, cuente con una opción claramente visible para desactivar las recomendaciones algorítmicas personalizadas y elegir un feed sin perfilado, como un feed cronológico, sin que la plataforma vuelva a cambiar al usuario sin su consentimiento. Esta propuesta sigue en parte el modelo del Artículo 38 de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
• Propongo que toda persona en Arizona tenga derecho a pedirle a una empresa que deje de vender sus datos con una sola señal, en lugar de tener que pelearlo cuenta por cuenta, y que las empresas deban respetar la señal universal de exclusión, como el Global Privacy Control, transmitida por el navegador o el dispositivo del consumidor, sin exigir solicitudes separadas para cada cuenta.

• Propongo exigir que toda empresa, organización sin fines de lucro y contratista que opere en Arizona divulgue públicamente la compensación de todos sus empleados y contratistas.
• Propongo que toda entidad que celebre un contrato con el Estado de Arizona se mantenga neutral ante cualquier esfuerzo de sindicalización entre los empleados que realizan el trabajo de ese contrato.
• Propongo que todos los empleados estatales, del condado y municipales —con excepción del personal de las fuerzas del orden y de bomberos, ya cubierto por una ley aparte— tengan derecho a formar organizaciones laborales de su elección, a afiliarse a ellas y a participar en ellas, así como a negociar colectivamente, a través de representantes elegidos por ellos mismos, sobre salarios, horarios y condiciones de empleo.
• Propongo que, si un empleador convoca una reunión o comunicación centrada principalmente en sus opiniones sobre asuntos religiosos, políticos o de organización sindical —incluida la decisión de afiliarse a un sindicato o apoyarlo—, deba permitir que el empleado se niegue a asistir o se retire sin sanción alguna, y deba informar de ese derecho al momento de anunciar la reunión o comunicación.
• Propongo protecciones frente a la vigilancia con inteligencia artificial, que incluyan: 1) un aviso previo por escrito de 30 días antes de que un empleador pueda implementar monitoreo electrónico o un sistema de decisiones automatizadas; 2) métodos prohibidos, como los sistemas de reconocimiento de emociones y el reconocimiento de la forma de caminar para inferir una condición médica, un embarazo o una discapacidad; 3) la prohibición de recolectar un identificador biométrico sin el consentimiento previo por escrito del trabajador; 4) la prohibición de monitorear el dispositivo o las cuentas personales del trabajador; y 5) la prohibición de monitorear al trabajador durante descansos no remunerados o fuera de su horario laboral.

• Propongo aumentar en 0.5 puntos porcentuales el impuesto estatal sobre ventas y privilegio de transacción.
• Propongo un impuesto al consumo de lujo que aplique un 5 % adicional sobre la porción de las compras de lujo que supere ciertos umbrales: vehículos, embarcaciones o aeronaves privadas de más de 100 mil dólares, y joyería, relojes o bolsos de más de 25 mil dólares.
• Propongo un impuesto adicional del 5 % sobre los ingresos corporativos gravables superiores a 5 millones de dólares.
• Propongo aumentar el impuesto corporativo mínimo de Arizona para las corporaciones que operan en Arizona con más de 500,000 dólares en ingresos brutos anuales.
• Propongo gravar a todos los operadores comerciales de apuestas deportivas de Arizona con una tasa fija del 51 por ciento sobre sus ingresos, sin importar su tamaño, igualando la tasa que Nueva York cobra actualmente a los operadores comerciales de apuestas deportivas móviles. Esto va más allá de la propuesta de presupuesto de la gobernadora Hobbs para el año fiscal 2027, que planteaba una estructura escalonada que elevaba la tasa al 45 por ciento solo para los operadores con ingresos promedio superiores a 75 millones de dólares al mes, dejando a los operadores más pequeños en las tasas actuales del 10 por ciento en línea y 8 por ciento en establecimientos. Los operadores de juego tribales seguirían operando conforme a sus acuerdos de juego tribales-estatales vigentes, tal como la ley de Nueva York no aplica su tasa comercial del 51 por ciento a las instalaciones de juego tribales de ese estado.
• Propongo reemplazar el impuesto sobre la renta de tasa única de Arizona por un sistema de tasas graduales, volviendo a la estructura que Arizona usaba antes de 2021. El Institute on Taxation and Economic Policy ha estimado que revertir por completo la tasa única podría generar alrededor de 2.6 mil millones de dólares al año en ingresos estatales adicionales.
• Propongo limitar la exención del impuesto a la propiedad de Arizona para las organizaciones religiosas únicamente a los bienes usados o destinados principalmente al culto religioso, revirtiendo el Proyecto de Ley del Senado 1298, que amplió la exención para cubrir también propiedades usadas para educación, vivienda y otras actividades relacionadas con la religión. Esto devolvería la exención al estándar de la Sección 42-11109 de los Estatutos Revisados de Arizona que se aplicaba antes de esa ampliación. También exigiría auditorías periódicas de las exenciones vigentes para confirmar que la propiedad que reclama la exención se usa genuinamente para el culto, y no para fines comerciales o ingresos por renta, ni se mantiene desocupada para un uso futuro.
• Propongo aumentar del 2.5 al 3 por ciento el impuesto de extracción sobre la minería metalífera de Arizona, que actualmente se fija en 2.5 por ciento del valor de los minerales extraídos, como el cobre, conforme a la Sección 42-5202 de los Estatutos Revisados de Arizona.
• Propongo cerrar las exenciones al impuesto sobre ventas y las lagunas fiscales corporativas de Arizona, incluidas las exenciones que hoy se aplican a compras como los tiempos compartidos de jets privados y las obras de arte, junto con otras exenciones al impuesto sobre ventas que se han aprobado para grandes corporaciones a lo largo del tiempo.

• Propongo una enmienda a la Constitución estatal que establezca que el Estado de Arizona no podrá negar ni restringir la igualdad de derechos ante la ley por razón de sexo, raza u origen étnico, abarcando la atención médica, la atención reproductiva, el empleo, la compensación, la educación y los derechos de propiedad, y exigible ante los tribunales de Arizona. Impulsaría esto por dos vías: una nueva ratificación legislativa de la Enmienda federal de Igualdad de Derechos, que la Legislatura de Arizona ha impedido repetidamente llevar a votación en el pleno desde 2019, y una iniciativa ciudadana que lleve la enmienda directamente a los votantes de Arizona, siguiendo el mismo camino que usaron los votantes para incorporar protecciones de derechos reproductivos a la Constitución de Arizona mediante la Proposición 139 en 2024.
• Propongo fortalecer y ampliar la Ley de Derechos Civiles de Arizona para prohibir expresamente que cualquier empresa o corporación que opere en Arizona discrimine por razón de sexo, raza u origen étnico en el empleo, la compensación, el acceso a la atención médica y otras áreas cubiertas, asegurando que el estándar de trato igualitario establecido por la enmienda constitucional se aplique también a los empleadores y las empresas privadas, y no solo a la acción del gobierno.
• Propongo crear un programa estatal de seguro de licencia familiar y médica pagada, ya que Arizona hoy solo garantiza tiempo de enfermedad pagado mediante la Proposición 206 y no ofrece licencia pagada específica por parto, adopción o para cuidar a un familiar con una enfermedad grave. Esto se construiría sobre el Proyecto de Ley del Senado 1464, presentado para crear un programa así con hasta 26 semanas de licencia pagada en circunstancias que califiquen.
• Propongo exigir que los empleadores de Arizona informen los rangos salariales a las personas que solicitan empleo y prohibirles preguntar por el historial salarial de una persona o basarse en él durante la contratación, cerrando las lagunas de la actual Ley de Igualdad Salarial de Arizona que permiten que las desigualdades salariales del pasado sigan a los trabajadores de un empleo a otro.
• Propongo establecer una Ley estatal de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, ya que Arizona no cuenta hoy con ninguna ley estatal que obligue a los empleadores privados a ofrecer adaptaciones por embarazo o pausas para la lactancia, lo que daría a las trabajadoras de Arizona un derecho exigible a nivel estatal junto con las protecciones federales existentes.
• Propongo extender las protecciones de licencia no pagada por violencia doméstica de Arizona —hoy obligatorias solo para empleadores con 50 o más empleados— también a los empleadores más pequeños, para que las personas sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual o acecho tengan, en cualquier lugar de trabajo, tiempo protegido para asistir a procesos legales o solicitar una orden de protección.
• Propongo promulgar una ley estatal específica sobre delitos de odio, ya que Arizona no cuenta hoy con una ley de este tipo y solo permite considerar el prejuicio como un factor al dictar sentencia por un delito existente, en lugar de tratarlo como un delito distinto.
• Propongo exigir la recolección de datos a nivel estatal sobre la raza y el origen étnico de las personas detenidas por agentes del orden de Arizona durante paradas de tránsito, con base en el Proyecto de Ley del Senado 1564, para que los patrones de disparidad racial en la actuación policial puedan documentarse y atenderse con evidencia real y no con anécdotas.

• Propongo dos cosas respecto a la ley de vivienda intermedia (Missing Middle Housing) de Arizona, codificada en la Sección 9-462.13 de los Estatutos Revisados de Arizona. Primero, bloquearía el Proyecto de Ley 2375 de la Cámara, actualmente en la Legislatura, que permitiría a las ciudades exentar sus distritos históricos de la ley. La ley, tal como fue aprobada, exige que las ciudades grandes permitan dúplex, tríplex, cuádruplex y casas adosadas en lotes ubicados a menos de una milla de sus centros urbanos, y el Proyecto 2375 permitiría a las ciudades crear excepciones a ese requisito, lo que solo en Phoenix eliminaría el 38 por ciento del área que hoy está cubierta. Segundo, iría más allá de la ley actual y ampliaría la vivienda intermedia a ciudades enteras, no solo a la zona de una milla alrededor del centro, siguiendo el ejemplo de Flagstaff y Tucson, que optaron por permitir dúplex, tríplex, cuádruplex y casas adosadas en toda la ciudad en lugar de limitar la política a una pequeña área céntrica. Juntos, estos dos pasos mantendrían intacta la ley vigente y construirían sobre ella, para que más vecindarios de cada ciudad participen en resolver la escasez de vivienda en lugar de concentrar la vivienda nueva en una sola zona pequeña.
• Propongo restaurar el Crédito Fiscal estatal para Vivienda de Bajos Ingresos de Arizona a su alcance original completo. Este crédito fiscal ayudaba a que los proyectos de vivienda asequible fueran financieramente viables para los desarrolladores, pero expiró a finales de 2025, y el único reemplazo que avanza actualmente en la Legislatura, el Proyecto de Ley 2804 de la Cámara, aplicaría únicamente al Arizona rural. Yo restablecería la versión estatal completa para que los proyectos de vivienda asequible, tanto en zonas rurales como urbanas, cuenten con el apoyo financiero necesario para construirse.
• Propongo crear un fondo estatal de inversión que combine recursos para construir vivienda asequible y vivienda para la fuerza laboral con recursos para modernizar los sistemas locales de agua y alcantarillado. En muchas zonas en crecimiento de los condados de Maricopa y Yuma puede haber terreno disponible e incluso una zonificación que permita vivienda nueva, pero la infraestructura de agua y alcantarillado se construyó hace décadas para una población más pequeña y no puede sostener casas nuevas sin mejoras. Esta propuesta se basa en una ley de Montana, el Proyecto de Ley 819 de la Cámara, que financió de manera conjunta la construcción de vivienda y las mejoras de agua y alcantarillado, y se conecta directamente con mi plataforma de seguridad del agua al asegurar que la capacidad de la infraestructura no impida en silencio la construcción de vivienda nueva.
• Propongo convertir el programa piloto de asistencia para el alquiler de Arizona, el Proyecto de Ley 2682 de la Cámara, en un programa estatal permanente y mejor financiado. Ese proyecto hoy ayuda a un número limitado de familias que se atrasan en la renta a evitar el desalojo, pero quienes defienden el derecho a la vivienda han señalado que el financiamiento cubre solo una fracción pequeña de la necesidad. Yo lo ampliaría a un programa permanente para que más familias de Arizona que enfrentan una dificultad económica temporal puedan permanecer en sus hogares en lugar de ser desalojadas.
• Propongo ampliar la vivienda permanente con servicios de apoyo para las personas en situación de calle crónica, incluidos los veteranos de mayor edad. Este tipo de vivienda combina un lugar estable para vivir con servicios como atención médica y manejo de casos, y ha sido una de las herramientas más eficaces a nivel nacional para reducir la falta de vivienda entre los veteranos en la última década. Ayudaría a los condados de Arizona a acceder a los fondos federales ya disponibles para este fin, y a aportar la contraparte correspondiente, a través de la Ley McKinney-Vento de Asistencia para Personas sin Hogar y de los programas de vivienda del Departamento de Asuntos de los Veteranos, para que una mayor parte de ese dinero federal llegue a las comunidades de Arizona.
• Propongo exigir que las ciudades y los condados que reciban fondos estatales para atender la falta de vivienda demuestren también que están eliminando las barreras locales a la construcción de más vivienda. Gastar dinero en albergues y servicios sin permitir que se construya más vivienda atiende los síntomas de la escasez sin atacar lo que la causa. Este enfoque sigue un requisito que California ya aplica, y aseguraría que el financiamiento de Arizona contra la falta de vivienda vaya de la mano de un avance real en la oferta de vivienda, en lugar de gastarse mientras las reglas locales de zonificación siguen agravando la escasez.
• Propongo limitar el número de casas unifamiliares, condominios y casas adosadas que una corporación o empresa que opera en Arizona puede poseer, y exigir que cualquier propiedad de ese tipo permanezca listada en el mercado abierto por al menos un año antes de que una corporación pueda comprarla. Los grandes inversionistas que acaparan viviendas pueden dificultar que las familias compitan por una oferta limitada de casas, en especial las de primer acceso. Esto se construye sobre el Proyecto de Ley 2325 de la Cámara, actualmente en la Legislatura de Arizona, que limitaría la propiedad de los inversionistas institucionales a 50 casas unifamiliares en todo el estado y bloquearía sus ofertas durante los primeros 60 días en que una casa esté en el mercado. Mi propuesta iría más lejos, con un periodo de espera completo de un año antes de que una corporación pudiera comprar una propiedad residencial.

• Exigir o incentivar que los grandes empleadores ofrezcan prestaciones de cuidado infantil o contribuyan a un fondo compartido de cuidado infantil, para que el Arizona corporativo responda por su fuerza laboral.
• Crear incentivos fiscales para las empresas que ofrezcan cuidado infantil en el lugar de trabajo o subsidien los costos de cuidado infantil de sus empleados, poniendo al sector privado a trabajar para las familias trabajadoras.
• Eliminar las restricciones de zonificación que impiden abrir centros de cuidado infantil en los vecindarios donde las familias realmente viven y trabajan.
• Exigir que Arizona utilice por completo su asignación del Subsidio Federal en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil. Nuestro estado ha dejado sin usar dólares federales para el cuidado infantil durante demasiado tiempo, mientras las familias se quedan sin ese apoyo.

• Trabajaré para proteger cada dólar restante destinado a ampliar la I-10 entre la SR 85 y Citrus Road, me opondré a cualquier nuevo aplazamiento y exigiré informes públicos periódicos de avance por parte de ADOT para que los residentes puedan ver exactamente en qué etapa se encuentra el proyecto. Más de 140,000 vehículos transitan por este tramo cada día, un aumento de casi el 40% en solo dos años, y entre 2021 y 2025 se reportaron 1,145 accidentes entre Citrus Road y Verrado Way. Ya se diseñó una solución: un carril para vehículos de alta ocupación (HOV), una barrera central de concreto con iluminación en la mediana y la ampliación del puente de la I-10 en dirección oeste sobre Citrus Road. Sin embargo, el historial de financiamiento ha sido un ciclo de promesas y retrasos. El presupuesto del año fiscal 2023 asignó $64,200,000 del Fondo Estatal de Carreteras, pero el presupuesto del año fiscal 2025 aplazó $108,000,000 en fondos acumulados para carreteras, incluidas las asignaciones del año fiscal 2023, a los años fiscales 2027 y 2028. Mientras tanto, los costos de construcción aumentaron, y el costo total del proyecto se estima ahora en $146 millones. A principios de este año, una propuesta de presupuesto de la oficina de la gobernadora Hobbs habría aplazado hasta una fecha indefinida los $27 millones asignados para la primera fase de construcción. El presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 finalmente mantuvo $30,000,000 en el año fiscal 2027 y $76,000,000 en el año fiscal 2028 para la ampliación.
• Trabajaré para que los compromisos estatales con los corredores de conexión de Buckeye se cumplan a tiempo y para coordinar el financiamiento estatal con los socios municipales y regionales, de modo que las fases de construcción se alineen y los residentes enfrenten menos años de interrupciones. En el intercambio de la I-10 y Jackrabbit Trail, ADOT está reconstruyendo el intercambio existente, agregando semáforos y ampliando Jackrabbit Trail a tres carriles en cada dirección; la construcción está programada para comenzar a principios de agosto de 2026 y durar aproximadamente dos años. Está previsto que la Ruta Estatal 30, una nueva autopista planificada en el suroeste del valle que cruzará Buckeye, Goodyear, Avondale y Phoenix, comience a construirse en el verano de 2027 y termine en el verano de 2030.
• Abogaré por una parte predecible y basada en una fórmula de los fondos estatales de transporte para los condados rurales, de modo que la seguridad de las carreteras rurales no dependa de qué legisladores logren una porción en las negociaciones presupuestarias de un año determinado. Las carreteras rurales transportan productos agrícolas, autobuses escolares y vehículos de emergencia, y merecen la misma atención que las autopistas metropolitanas. Los presupuestos estatales recientes han incluido proyectos como $33,300,000 para mejorar la U.S. Route 95 entre Wellton Mohawk Canal Road y Aberdeen Road, y $1,300,000 para el proyecto de reemplazo de un puente del condado de Yuma en Somerton Avenue, entre West County 10th Street y West County 11th Street.
• Lucharé por restablecer los fondos para el suministro de agua en zonas rurales, por establecer protecciones legales para el Fondo de Aumento de Agua a Largo Plazo (Long Term Water Augmentation Fund) de modo que no pueda usarse como reserva presupuestaria, y por dar prioridad a los proyectos que beneficien tanto a usuarios agrícolas como municipales.
• Impulsaré informes públicos de avance, ubicación por ubicación, sobre la construcción de banda ancha en LD25, y que el estado busque obtener cada dólar elegible de su asignación completa. La telesalud, el trabajo remoto, la escuela en línea y la agricultura moderna dependen de una conexión a internet confiable. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), una agencia federal dentro del Departamento de Comercio de los EE. UU. que actúa como la principal voz del poder ejecutivo en materia de políticas de telecomunicaciones e internet, aprobó el plan final de Arizona para llevar tecnología de fibra óptica a 118,170 ubicaciones con un costo de implementación de $446,123,359, de un total de $993,112,231 en fondos BEAD asignados al estado, y se prevé que la construcción comience a principios de 2026. Como alguien que ha dirigido una práctica de telesalud durante años, sé lo mucho que importa una buena conexión.
• Apoyaré el financiamiento estatal de costos compartidos que ayude a los distritos locales de control de inundaciones a obtener subvenciones federales, y pediré que las aprobaciones de nuevos desarrollos tomen en cuenta los planes de drenaje existentes. Las comunidades del desierto se inundan, y el desarrollo acelerado cambia la forma en que el agua se mueve sobre el terreno. Solo el plan de drenaje de Sun Valley del Distrito de Control de Inundaciones abarca aproximadamente 183 millas cuadradas en Buckeye y en zonas no incorporadas del condado de Maricopa, delimitadas en general por Gates Road al norte, las White Tank Mountains al este, la Interestatal 10 al sur y el río Hassayampa al oeste. El presupuesto de capital del Distrito para nuevas estructuras y reparaciones mayores varía de un año a otro y depende de la disponibilidad de fondos, subvenciones y costos compartidos, mientras que el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona encabeza la gestión de llanuras de inundación y la seguridad de presas.

Hacer Más Seguro Denunciar

• Crear un portal estatal de denuncia anónima de agresión sexual que permita a los sobrevivientes denunciar sin que se inicie automáticamente una investigación, dándoles pleno control sobre si las autoridades intervienen y cuándo.
• Establecer opciones de denuncia por terceros en universidades, hospitales y organizaciones comunitarias, donde un defensor pueda presentar una denuncia en nombre del sobreviviente sin que este sea identificado.
• Exigir que todas las agencias policiales y universidades de Arizona ofrezcan vías de denuncia anónima o confidencial como alternativa a la denuncia formal, y que se informe a los sobrevivientes de estas opciones en cada punto de contacto.
• Crear un sistema de preservación de evidencia "Jane Doe" que permita a los sobrevivientes someterse a un examen forense (kit de evidencia de violación) y preservar la evidencia de forma anónima sin comprometerse a presentar una denuncia formal, manteniendo abiertas sus opciones sin obligarlos a tomar una decisión inmediata.
• Garantizar que las denuncias anónimas puedan seguir utilizándose para identificar patrones de conducta de agresores reincidentes sin exponer la identidad del sobreviviente.
• Prohibir que las autoridades de Arizona conviertan automáticamente una denuncia anónima en una investigación formal sin el consentimiento explícito del sobreviviente.

Proteger a los Sobrevivientes de Ser Juzgados

• Fortalecer y modernizar la ley de protección a víctimas de violación ("rape shield law") de Arizona para prohibir expresamente que el historial sexual, la vestimenta, el consumo de alcohol o drogas, o la relación previa del sobreviviente con el acusado se presenten como prueba de consentimiento o de culpa, tanto en procesos penales como civiles.
• Extender las protecciones de esta ley a las demandas civiles, ya que actualmente la ley de Arizona se aplica principalmente en procesos penales, lo que deja vulnerables a los sobrevivientes cuando buscan responsabilidad por la vía civil.
• Crear protecciones explícitas contra represalias que conviertan en infracción civil que cualquier persona, institución u organización tome medidas adversas contra alguien por denunciar de buena fe una agresión sexual.
• Proteger a los sobrevivientes de contrademandas de mala fe fortaleciendo la ley anti-SLAPP de Arizona para que abarque las acciones legales de represalia derivadas de denuncias de agresión sexual, permitiendo que los sobrevivientes obtengan la desestimación rápida de dichas demandas y recuperen los honorarios de abogados.
• Prohibir que las redes sociales y comunicaciones digitales de un sobreviviente sean citadas judicialmente o utilizadas como prueba sin un alto estándar probatorio y revisión judicial.
• Prohibir tácticas de contrainterrogatorio diseñadas para humillar o desacreditar a los sobrevivientes en lugar de cuestionar hechos específicos.
• Prohibir que se acuse a los sobrevivientes de presentar una denuncia falsa a menos que exista evidencia clara y convincente de una invención deliberada, ya que la tasa real de denuncias falsas confirmadas es de aproximadamente el 5%, y aun así la amenaza de ser acusados disuade a innumerables sobrevivientes de presentarse.
• Exigir capacitación con enfoque en el trauma para todos los jueces, abogados y agentes policiales de Arizona que manejan casos de agresión sexual, incluida la comprensión de por qué los sobrevivientes pueden tener recuerdos inconsistentes, denunciar tardíamente o mantener contacto con su agresor.
• Exigir que se informe por escrito a los sobrevivientes de todos sus derechos en el primer punto de contacto con las autoridades, las universidades o los proveedores médicos.

Rendición de Cuentas de Universidades e Instituciones

• Exigir que las universidades públicas y los colegios comunitarios de Arizona informen públicamente todas las denuncias, investigaciones y resultados disciplinarios relacionados con agresiones sexuales en un formato estandarizado que vaya más allá de los requisitos mínimos federales del Título IX.
• Establecer que las sanciones disciplinarias institucionales por agresión sexual no puedan consistir únicamente en ensayos, talleres o tareas escritas cuando exista evidencia creíble de una agresión.
• Crear responsabilidad civil para las instituciones de Arizona que, de manera comprobable, no respondan adecuadamente a denuncias creíbles de agresión sexual.
• Exigir un proceso de revisión independiente, a cargo de terceros, sobre la manera en que las universidades de Arizona manejan los casos de agresión sexual.
• Exigir que las fraternidades y hermandades de las universidades públicas de Arizona adopten códigos de conducta obligatorios con mecanismos reales de cumplimiento como condición para operar en el campus.

Cerrar Vacíos Legales

• Revisar y fortalecer la definición de consentimiento en Arizona para garantizar que la incapacidad causada por el alcohol o las drogas, sin importar si la víctima las consumió voluntariamente, no pueda ser utilizada por los agresores como escudo legal.
• Establecer autoridad legal y lineamientos claros para que los fiscales de Arizona puedan presentar cargos penales incluso cuando una demanda civil sea la vía principal mediante la cual un sobreviviente busca responsabilidad.
• Fortalecer los requisitos de preservación de evidencia para que las investigaciones penales tardías no se vean obstaculizadas por la pérdida o destrucción de pruebas.